El Consell de Garanties avala la ley de BCN World pero pide más precisiones

El Consell de Garanties Estatutàries ha avalado la ley que regula el macrocomplejo de ocio y juego BCN World, pero pide más precisiones a la hora de definir el encaje urbanístico del proyecto y de proteger a los menores que lo visiten. En un dictamen solicitado a petición de ICV-EUiA y de las CUP, este organismo de la Generalitat de carácter consultivo concluye, por unanimidad, que salvo estos dos aspectos, cuya redacción aconseja mejorar, el proyecto de ley no es contrario a la Constitución ni al Estatut.

Frente a la tesis de estas formaciones de que la ley BCN World, que modifica la aprobada en 1989 para regular el parque de PortAventura, también ubicado en Vila-seca y Salou (Tarragona), se ha hecho «a medida de intereses particulares y en contra del interés general», el Consejo de Garantías Estatutarias sostiene que es el Parlament «el que debe determinar el interés general».

Asimismo, este organismo concluye que el hecho de aprobar una «ley singular» no plantea, por ese hecho simplemente, «problemas de constitucionalidad». No obstante, el dictamen elaborado por Eliseo Aja, expresidente de la institución, reclama al legislador «una regulación más precisa para cumplir el mandato constitucional y estatutario de protección de los menores».

Por ello, sugiere dejar claro en la ley que los posibles efectos visuales o sonoros generados en áreas del complejo dedicados al juego -en BCN World por el momento hay comprometido un casino- «en ningún caso podrán constituir reclamos publicitarios o incentivadores del juego».

Por otra parte, el dictamen asegura que la técnica legislativa usada para regular el encaje urbanístico del macrocomplejo «puede resultar artificiosa, confusa y contraria a la seguridad jurídica». «Por una parte, se modifica la ley para incluir el uso del juego en el Centro Recreativo y Turístico de Vila-seca y Salou, pero se mantienen los otros parámetros actualmente vigentes. Y, sin embargo, por otra parte, seguidamente, se declara la no sujeción de un futuro plan director urbanístico de este Complejo Recreativo y Turístico, a los mencionados parámetros, sin concretarlos», sostiene el dictamen.

De esta forma, este organismo cuestiona que se aproveche la ley de PortAventura para incluir la actividad de juego, con el fin de encajar BCN World, y que sin embargo se pretenda en cierta forma que el plan director urbanístico de BCN World pueda estar en algunos aspectos al margen del este Centro Recreativo y Turístico que incluye a PortAventura. «Consecuentemente, entendemos que esta operación de deslegalización, dado su carácter singular, debería estar sujeta a ciertos límites», añade el dictamen, que cuenta con un voto particular, el de Marc Carrillo, elegido a propuesta de ICV-EUiA.

Carrillo sostiene que el trato jurídico específico para BCN World «introduce factores objetivos de discriminación normativa que exceden el legítimo ámbito de discrecionalidad que le corresponde ejercer al legislador democrático». En cuanto a la rebaja del impuesto sobre el juego a los casinos del 55 al 10%, el Consejo de Garantías Estatutarias comenta que «no es un problema la tributación diferente de juegos diversos porque la discriminación solo se produce cuando son iguales las posiciones que se comparan».

Asimismo, concluye que «el tributo sobre los casinos no es contrario al principio de igualdad porque no es comparable con otras actividades, ni al de progresividad, porque éste no es exigible al impuesto de los casinos o a otro tributo concreto», sino al sistema tributario en su conjunto.

Fuente: lavanguardia.com