Portugal publica su normativa reguladora del juego online

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El juego online será una actividad legal en Portugal a partir del 28 de junio, cuando entre en vigor el Régimen Jurídico de Juegos y Apuestas en línea, publicado ya en la Gaceta Oficial. Las primeras licencias podrían ser concedidas a los operadores en el último trimestre de 2015.

«Esencialmente este régimen es de modelo liberal, ya que permite la distribución de licencias sin límite y no hay concesión de exclusividad», dijo el Secretario de Estado de Turismo, Adolfo Mesquita Nunes, en conferencia de prensa ante la nueva legislación.

El nuevo Decreto-Ley Nº 66/2015 también permitirá la liquidez internacional, es decir, «los jugadores extranjeros van a poder jugar en Portugal», dijo el funcionario.

A finales de junio, tan pronto como la ley de juego online entre en vigor, el Gobierno tiene la intención de aprobar los reglamentos respectivos, relativos a la fijación de tasas impositivas en virtud de la concesión de licencias, el establecimiento de las reglas de los juegos y apuestas en línea, la especificación técnica de los sistemas de juego y cuentas de los jugadores, entre otras cosas.

Después de esta aprobación, será posible establecer la concesión de licencias a las empresas interesadas, lo que se hará por medios informáticos y se espera que sea «cuestión de días». «Mantenemos la esperanza de que las primeras licencias de juego puedan ser asignadas en el último trimestre de 2015», adelantó el secretario de Estado.

El sistema permite «liquidez internacional», y los operadores también pueden organizar juegos con jugadores de varias nacionalidades, explicó. «El día en que entre en vigor, estará operativa la infraestructura técnica de control» en fase de prueba. Los operadores tendrán que conectar sus propios sistemas para esta infraestructura de Turismo de Portugal, que cuesta alrededor de 300.000 euros. Corresponde a este órgano regular y supervisar todo el proceso. El nuevo Servicio de Regulación e Inspección de Juegos tiene el poder para poner fin a la actividad de los sitios ilegales.

Mezquita Nunes también confirmó que la nueva ley no contempla la introducción de slots que de este modo «se mantienen en exclusiva para los casinos».

El Gobierno espera tener un ingreso adicional de 25 millones de eruos este año, no sólo con la legalización de este tipo de juego, sino también con las enmiendas a la ley que regula los bingos, los cambios en las reglas para la operación y la práctica de las apuestas deportivas y las apuestas hípicas sobre base territorial. En total, hay cinco nuevas leyes dedicadas al juego, todos publicados ya en el Boletín Oficial.

En los juegos de azar, incluyendo el bingo y las apuestas mutuas sobre las carreras de caballos, el nuevo impuesto se aplica sobre los ingresos brutos del operador, a una tasa que oscila entre el 15% y el 30%, según especifica una nota publicada hoy por el Gobierno.

En cuanto a las apuestas deportivas y apuestas hípicas, el impuesto se aplica sobre los ingresos resultantes de la cantidad de apuestas hechas, incluyendo las respectivas comisiones, a una tasa que oscila entre el 8% y el 16%.

Según el secretario de Estado, el Gobierno optó por un impuesto progresivo, de modo que cuando los ingresos por el juego son más bajos, el impuesto es menor.

En relación al importe de las tasas por concesión de licencias, el funcionario aclaró que se definirán de acuerdo a un reglamento todavía en preparación. Subrayó que «no se trata de un impuesto». Las tasas están alineadas con los valores que se practican en el resto de Europa. «El propósito es involucrar al mayor número de operadores. Llevar a la formalidad, el juego que es operado clandestinamente», agregó.

Las empresas que quieren entrar en este mercado tienen que solicitar una licencia, otorgada por un período de tres años, renovable. Están obligadas a cumplir con «requisitos de idoneidad» y capacidad financiera. Para poder jugar, los usuarios deben proporcionar datos personales tales como nombre completo, fecha de nacimiento, nacionalidad, profesión, domicilio, número de identificación civil o pasaporte, entre otros.

La explotación ilícita del juego es castigada con penas de prisión de hasta cinco años y el fraude con tres a ocho años.

Adolfo Mesquita Nunes también recordó que está previsto en la legislación, que todo esto se revisará después de un período inicial de dos años en vigor, con el fin de hacer los ajustes necesarios, incluyendo el marco fiscal.

Fuente: eldiario.deljuego.com