Así quedarán las polémicas tasas al juego que se van a imponer en Argentina
El Gobierno terminó la redacción final de la reforma del impuesto a las Ganancias con algunas incorporaciones de último momento, como el incremento al 41,5% de la tasa a los juegos de azar, el sector elegido por la administración Macri para cubrir la mayor parte del bache fiscal. Los empleados de bingos, casinos e hipódromos anunciaron medidas de fuerza en rechazo a la suba de impuestos. En el mediodía de hoy un grupo de trabajadores del Hipódromo de Palermo impedía el tránsito en la Avenida Libertador, en la ciudad de Buenos Aires, y prometía mantener el corte hasta el próximo viernes.
En tanto, los principales operadores del juego comenzarán hoy una jornada de protesta que golpeará fuerte la recaudación de provincias y municipios con actividad lúdica. Paradójicamente, dos de los distritos más golpeados son gobernados por Cambiemos.
La primera es la provincia de Buenos Aires que recauda del juego nada menos que un 15% de sus ingresos propios. La otra es Mendoza, donde se logró la radicación de grandes marcas internacionales de hoteles, a cambio de habilitarles la operación de casinos, para sostener su recaudación que con el ingreso único del turismo no justificaría semejante inversión.
El proyecto fue redactado por los senadores de la Comisión de Presupuesto del Senado, que a cargo de Juan Manuel Abal Medina (FpV-PJ) y Julio Cobos (UCR) leyeron sus principales aspectos y tras un breve debate lograron un dictamen sin problemas.
El Gobierno aceptó eliminar un impuesto directo a las máquinas tragamonedas, que la oposición siempre consideró una doble imposición con las provincias, pero aplicó un fuerte gravamen a las apuestas.
Será del 0,75% para los juegos de azar y de 2% para las apuestas online. “Estamos gravando el consumo, como se grava el de bienes materiales”, minimizaban los senadores de todas las fuerzas.
La suba de la alícuota del 35 al 41,5% abarca «juegos de azar en casinos (ruleta, punto y banca, blackjack, póker y/o cualquier otro juego autorizado) y de la realización de apuestas a través de máquinas electrónicas o plataformas digitales».
Se trata de una jugada arriesgada, porque la Corte Suprema consideró confiscatorio una alícuota superior al 35% y Macri le impidió a Alfonso Prat Gay utilizarlas cuando mandó el proyecto a Diputados. Sus legisladores las terminaron incluyendo.
El capítulo lúdico tiene dos agregados curiosos. El Gobierno se reserva derecho a aumentar hasta el 50% o eliminar por completo el impuesto a las apuestas, tomando como parámetro tipo de actividad y la zona geográfica que considere relevante. O sea, los empresarios aún pueden negociar. Y se establece una prisión de 3 a 6 años para los operadores del juego clandestino.
El Gobierno rechazó el reclamo opositor para restituir las retenciones a la minería y gravar los plazos fijos de más de 1,5 millón de pesos, pero aceptó aplicarle un 15% a los contratos de dólar futuro, la operación estrella fines de 2015 por las expectativas de una devaluación generadas por el propio presidente Macri antes de asumir. Pero el impuesto sólo será por un año y para las operaciones especulativas.
El dictamen será aprobado por el pleno del Senado (hay preferencia para tratarlo sin dictamen) y el jueves será ley en Diputados, donde el único bloque relevante que no se pronunció a favor fue el Frente para la Victoria.
El proyecto sostiene el anunciado mínimo imponible de $37.000 brutos para casados con dos hijos ($30 mil de bolsillo) y $27.000 para solteros ($23.500 netos) con deducciones a hijos de 18 años, hijastros, conyugues, por material didáctico de docentes o residencia en la Patagonia, donde los topes se elevan un 22%.
También se deducen horas extras en feriados y fines de semana, mientras que el resto no podrán alterar la escala del impuesto. Y viáticos hasta el 40%, pero con un límite mayor para el transporte de larga distancia. El aguinaldo seguirá gravado pero no podrá alterar los salarios de julio y diciembre.
Los jubilados seguirán pagando ganancias pero sólo si perciben más de 6 haberes mínimos, cerca de 30.000 pesos.
Los límites de la cuarta categoría del impuesto, que abarca a empleados, serán actualizados por el índice por Ripte, que conjuga recaudación y aumentos salariales y se usa para actualizar las jubilaciones. El primer retoque será en 2018.
El proyecto sostiene las escalas ideadas por el proyecto original del Gobierno, tal vez uno de los cambios más revolucionarios porque no se tocaban desde 2000.
Quien alcance el tope para empezar a pagar el impuesto sólo cederá entre el 5 y el 9% de su sueldo (no tendrá un año de 2% como decía el proyecto de Prat Gay), pagarán 12% los ingresos de más de 40 mil pesos y la progresión continúa hasta 35%, que sólo tributarán las ganancias mayores a 320.000 pesos.
Otro tramo del proyecto son los cambios al monotributo. Los topes de facturación subirán de $ 400 a 700 mil para servicios y de $700 a 1.050.000 para transacción de bienes muebles.
Se podrá cambiar de categoría en forma inmediata y no esperar 3 años, mientras que las tasas de los monotributistas también se elevarán un 75%, otra fuente de recaudación para paliar la reforma.
También se tocan los máximos de operación (de $1.000 a 4.000), los ingresos previos a inscripción (de $24 a 96 mil), el límite para la incorporación ($5 a 20 mil) y la excepción para cooperativas de trabajo ($24 a 72 mil).
Fuente: eldiario.deljuego.com
