Parece difícil que Madrid vuelva a albergar interés de inversores por levantar complejos de juego y ocio
Las nuevas medidas que el Gobierno regional pretende implantar para los Centros Integrados de Desarrollo van a disuadir muy mucho a cualquier inversor que quiera levantar proyectos de este tipo en suelo madrileño.
Cualquier intento de levantar en la región madrileña un proyecto de ocio como los de Eurovegas -que impulsó el magnate Sheldon Adelson- o Live! Madrid -este último, promovido por Cordish-, lo va a tener más difícil a partir de ahora. El Gobierno autonómico de Madrid ha decidido endurecer los requisitos legales para que una iniciativa pueda ser declarada Centro Integrado de Desarrollo, una figura recogida en la normativa y que otorga ventajas fiscales, entre otras, a este tipo de macroproyectos. Concretamente, la Administración tendrá la sartén por el mango a la hora de autorizar este tipo de proyectos, que deberán hacerse en suelo público y correr con los gastos de las infraestructuras, de transporte y otro tipo, que los gobiernos afectados consideren oportunas.
El Gobierno de Cristina Cifuentes afronta estos cambios a través de una modificación parcial de la Ley de Medidas de Política Territorial, Suelo y Urbanismo, que acaba de iniciar su tramitación como anteproyecto de ley. Mediante la misma, se endurecerán los requisitos exigibles para ser Centro Integrado de Desarrollo (CID). Por ejemplo, tendrán que justificar que se realizan en interés general, justificando la urgencia y el excepcional interés público que les hace merecedores de esta clasificación como CID, una figura que facilita los trámites de este tipo de proyectos.
Justo esta es la vía que utilizó, apenas unos meses atrás, la empresa norteamericana Cordish, con su proyecto Live!Madrid, un macrocomplejo de ocio, restauración, compras y juego que pretendía desarrollar en el municipio madrileño de Torres de la Alameda. Los responsables regionales tumbaron por dos veces su proyecto, al considerar que no reunía las garantías suficientes para ser considerado un CID. Con la modificación legal que ahora se pone en marcha, le sería aún más difícil cumplir con los requisitos suficientes para obtener esta declaración. Por ejemplo, porque una de las medidas que ahora se incluyen es que el proyecto en cuestión se plantee sobre un suelo de titularidad pública. En el caso de Cordish, su proyecto pensaba desarrollarse sobre 134 hectáreas de terreno privado en Torres de la Alameda que ya tenía acordado comprar con sus propietarios.
El cambio normativo permite el desarrollo de este tipo de proyectos sobre suelo privado sólo en el caso de que sea un terreno ya clasificado como urbano o urbanizable.
En el caso de que se cumplan todos estos requisitos, la autorización administrativa deberá ser otorgada mediante concurso público, de manera que se garantice la publicidad y la concurrencia en la adjudicación de estos desarrollos. Y con otra novedad: a ese concurso podrán optar los propietarios del suelo, algo que ahora, con la actual regulación de los CID, no está permitido. Desde el Gobierno regional han entendido que esta limitación les priva a estos propietarios de «una facultad que tienen conforme a la legislación estatal del suelo».
Pero tal vez la mayor de las diferencias que se incluyen a partir de ahora en esta regulación es la relativa a las infraestructuras que necesiten construirse para estos proyectos. Precisamente, porque este ha sido uno de los mayores puntos de fricción con el proyecto de Cordish.
La Comunidad de Madrid, ya en su primera negativa a este segundo «Eurovegas», aseguraba que para poder transportar adecuadamente a los cinco millones de visitantes que calculaban recibir al año en el complejo de ocio y juego de Torres de la Alameda, sería necesario construir una línea de tren hasta el lugar que valoraban en unos 340 millones de euros.
Cordish, por su parte, señalaba que no lo veían necesario; por el contrario, consideraban que era suficiente la carretera que ya pasa por los terrenos -que ahora son un erial-, en la que sólo pensaban realizar una inversión de en torno a 15 millones de euros para ampliarla en un carril por sentido.
La modificación que ahora inicia su tramitación incluye la necesidad de que la Administración sea quien determine las infraestructuras que son necesarias para estos desarrollos, así como su ubicación. Y también que garantice su ejecución, exigiendo que sea el adjudicatario del proyecto el que asuma los costes de estas infraestructuras.
Serán el Gobierno regional y los municipios afectados, en su caso, quienes determinen si las infraestructuras que se incluyen en el proyecto son o no suficientes, y si necesitan ser modificadas o ampliadas. Todo esto, como paso previo a la convocatoria del concurso público.
Ahora, la modificación legal inicia su tramitación en la Asamblea de Madrid. Si finalmente pasa el filtro de los distintos partidos, las empresas que tengan interés en desarrollar macroproyectos en la región tendrán que plantearlos muy en serio; el cambio legal es todo un blindaje frente a los «Eurovegas».
Fuente: abc.es
