Podemos sigue con su particular pataleta sobre la LEGIO
El Grupo Parlamentario de Podemos en la Asamblea de Extremadura ha presentado una solicitud para que el Consejo de Estado se pronuncie de forma íntegra sobre la «Ley de Casinos», en referencia a la Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO), al entender que la petición realizada por la Junta se ha limitado a aspectos constitucionales, y en concreto, a todos aquellos relacionados con las competencias de la Administración.
El diputado del Grupo Parlamentario de Podemos, Eugenio Romero, ha asegurado que «de esta forma el Consejo de Estado no se ha podido pronunciar sobre otras cuestiones importantes» de la propuesta de ley impulsada por el Grupo Parlamentario Socialista en la Asamblea.
Romero considera «necesario» que cuando comience el debate en la Asamblea de Extremadura sobre un asunto de «tanta trascendencia» como esta «Ley de Casinos», por el «impacto» que supondrá, se haga con «todos los informes preceptivos».
Entre ellos, cita el documento de la conformidad de la Junta de Extremadura indicando que «la ley no implica un aumento o disminución presupuestaria de este ejercicio» y el informe de impacto de género elaborado por el Instituto de la Mujer de Extremadura «para que el Consejo de Estado pueda analizar también esta documentación».
El también secretario primero de la Mesa ha advertido de que el dictamen elaborado por el Consejo de Estado, a pesar de que «no analiza toda la normativa en profundidad», da un «duro varapalo» a la Junta de Extremadura «advirtiendo de la inconstitucionalidad de varios artículos».
Según Podemos, «hay varios de ellos, como el 4.1, el 4.2, el 8.2, el 8.3 y el 9.2, que exceden de las competencias propias de la Comunidad Autónoma, con lo cual son inconstitucionales».
De hecho, en el dictamen del Consejo de Estado, se indica que «se suprimen las garantías del procedimiento expropiatorio» previstas en la legislación estatal «lesionando gravemente los derechos de los particulares afectados».
También que «se rebajan los requisitos exigidos» en la normativa estatal de evaluación ambiental o que «podría darse un problema con las infraestructuras» que den servicio a las Grandes Instalaciones de Ocio, «porque éstas podrían ser estatales y la Junta no tendría competencias sobre ellas».
Fuente: regionaldigital.com
