Y el PP se abstendrá en su votación porque no hay por donde cogerla
La Propuesta de Ley Extremeña de Grandes Instalaciones de Ocio (LEGIO) se aprobará previsiblemente en el último pleno del presente periodo de sesiones, el próximo 25 de julio, gracias a la abstención del Grupo Popular, que además ha renunciado a presentar enmiendas parciales a pesar del «demoledor» dictamen del Consejo de Estado y para no participar en «ningún engaño colectivo» sobre este asunto.
Un informe que, según el diputado ‘popular’ Víctor del Moral, ha obligado al Grupo Socialista, que es el que impulsa esta ley, a presentar enmiendas que dejan la LEGIO reducida a su «mínima expresión».
También Podemos ha presentado enmiendas, un total de 50, con las que pretende eliminar las medidas «disparatadas» que contiene una ley que considera un «fiasco», después de que un grupo inversor anunciara días atrás su renuncia a su instalación en la comarca de La Siberia por no encontrar las «condiciones» necesarias para la instalación de su proyecto.
De esta forma, tanto PSOE como Podemos han presentado enmiendas a esta ley, mientras que el PP ha renunciado a hacerlo y Ciudadanos, por su parte, por el momento no se ha pronunciado al respecto.
El portavoz del Grupo Socialista, Valentín García, ha explicado que su formación, que es la proponente de la ley, ha registrado enmiendas para adaptar el texto al dictamen del Consejo de Estado, así como a las aportaciones realizadas por los comparecientes en la comisión parlamentaria durante la tramitación de la misma.
En concreto, ha señalado que se mantendrán todos los criterios para los proyectos que quieran acogerse a los beneficios que garantiza esta ley, salvo el de la extensión mínima a ocupar, que se reduce de las 1.000 hectáreas iniciales hasta 300.
De esta forma, se mantienen como requisitos para que los proyectos sean considerados grandes instalaciones de ocio una inversión de 1.000 millones de euros, la creación de 2.000 puestos de trabajo, 3.000 plazas de alojamiento.
Asimismo, ha dicho que se atienden todas las «observaciones» del Consejo de Estado en su dictamen, y en concreto ha señalado que se aumentará el periodo administrativo en materia medioambiental para la aprobación de los proyectos, que pasará de los 45 días iniciales a 90, en cumplimiento de la regulación estatal.
En todo caso, y en respuesta a las críticas del PP sobre el dictamen del Consejo de Estado, García ha señalado que el mismo indica que la propuesta de ley «se ajusta al derecho español, comunitario y al Estatuto de Autonomía», así como que «no hay tacha de inconstitucionalidad que pueda ser advertida previamente».
LEY DESVIRTUADA
Sin embargo, esta lectura del dictamen del Consejo de Estado no es compartida por el Grupo Popular, quien considera que supone «una bomba en la línea de flotación» de la norma, cuyo impacto es «tan serio» que «prácticamente desvirtúa por completo la ley que tenemos sobre la mesa».
«La ley queda reducida a su mínima expresión por el Consejo de Estado», dejando un texto «incoherente y sin sentido», y con una exposición de motivos que, en caso de que no sea enmendada por el PSOE, que es «un auténtico despropósito, con tremendas lagunas e incoherencias con el articulado que son inenmendables».
Ante todo ello, Del Moral ha señalado que el Grupo Popular no presenta ninguna enmienda parcial al texto por considerar que es «lo más sensato y responsable para con Extremadura», y la «mejor forma de mantener lealtad con los extremeños».
No obstante, ha señalado que los populares han realizado sus aportaciones al texto directamente a la Junta de Extremadura, de tal forma que si el Ejecutivo de Guillermo Fernández Vara lo estimara oportuno, las incluyera a través de las enmiendas del Grupo Socialista.
Unas aportaciones en las que el PP insiste en una «rebaja de los requisitos tan enormemente grandes» que tiene la ley, especialmente la relativa a la extensión mínima de 1.000 hectáreas, pero también la referida a la fianza, que los ‘populares’ reclaman que se incremente del 2 por ciento inicialmente previsto al 5 por ciento del montante.
«Los defectos de esta ley son demasiado grandes como para arreglarlos por enmiendas», ha expuesto el diputado ‘popular’, quien ha anunciado que no presentará tales enmiendas y que se abstendrá en la votación para «no participar en ningún engaño colectivo».
Asimismo, ha señalado que el PP comparte con el PSOE el objetivo de atraer inversiones a la comunidad, pero considera que no se logrará con «esta chapuza de ley».
Fuente: lavanguardia.com
